La responsabilidad penal de las personas jurídicas recaen sobre todo ente colectivo distinto a una persona física por lo que podrán incurrir en responsabilidad penal las siguientes personas jurídicas (fundaciones, asociaciones, sociedades cooperativas, civiles, mercantiles, etc..) en definitiva todo aquel sujeto que tenga un CIF, por tanto los planes del Compliance no son de aplicación al sujeto persona física a quien no se podrá ofrecer dicho servicio.
La responsabilidad penal en que puede incurrir una persona jurídica por la comisión de uno de los delitos antedichos puede consistir en lo siguiente:
- Disolución de la empresa.
- Suspensión de actividades por plazo de hasta 5 años.
- Clausura del local establecimiento.
- Prohibición definitiva o temporal de hasta 15 años para la realización de su actividad.
- Inhabilitación para recibir subvenciones o contratar con el sector público e intervención judicial.
- Multas económicas que pueden alcanzar hasta 9 millones de euros.
Para que la persona jurídica no incurra en responsabilidad penal por los hechos delictivos cometidos en su interés por algunos de sus administradores o de sus empleados, deberá haber adoptado un plan de prevención, y llevarlo a efecto, de ahí que la importancia de cumplir con todas las normativas de obligado cumplimiento que pudieren resultar de aplicación por su actividad o sector de producción puedan minimizar el riesgo penal en ausencia de ese plan de prevención de delitos, el cual deberá desarrollarse en las siguientes fases:
- Evaluación de riesgos. (identificación de los riesgos por procesos, probabilidad de ocurrencia, impacto, mapa de riesgos).
- Revisión de los controles existentes.
- Elaboración de manual de prevención de delitos penales.
¿Cómo le ayudamos?
El desarrollo de un Plan de Compliance consiste en:
- Redacción de un mapa de riesgos
- Redacción de un manual de protocolos y procedimientos
- Redacción de un Código Ético o de conducta
- Redacción del Reglamento de Régimen Disciplinario
- Redacción del Reglamento de Comité Ético
